El municipio pone la vista sobre la concesionaria del hipódromo de Azul

Desde el Concejo Deliberante del partido de Azul, en Buenos Aires, pidió informes al Instituto Provincial de Lotería y Casinos sobre aspectos que afectan al funcionamiento del hipódromo de esa ciudad y a su concesionaria Hipódromo de Azul S.A., que es un proyecto iniciado por la concejal Cristina Crohare y apoyado por diez de sus pares y votado por todo el cuerpo. La mirada de los ediles busca saber “con qué entidad, persona física, jurídica, institución u otros, el Instituto (Provincial de Lotería y Casinos) realiza las tramitaciones administrativas, pagos, depósitos y/o cobros y cuáles son los convenios y/o contratos por los cuales se genera el vínculo para el funcionamiento del Hipódromo de Azul”.

Los partidos políticos con presencia en Azul quieren saber cuales son “los montos totales asignados en carácter de subsidio y/o cualquier otra modalidad al Hipódromo de Azul durante los años 2013 y 2014” y también quieren con este pedido de informes saber “cuáles son las inspecciones o controles que se realizan para el cumplimiento de la ley 13.253 y si existe rendición de los subsidios y/o montos mencionados (…) y a través de qué área del Instituto se realizan dichos controles”. También pretenden que se les comunique “en caso de que las hubiera, cuáles son los resultados de las inspecciones o controles mencionados (…) remitiendo copia de las actuaciones administrativas”.

Fue otro proyecto que se presentó por la concejal oficialista del Frente para la Victoria, Estela Cerone la que puso a los ediles sobre la pista. Porque aquella idea quería declarar de interés comunitario la “1ª Fiesta Nacional del Caballo Sangre Pura de Carreras y Actividades Equinas”, que finalmente se llevó a cabo en el predio del circo hípico local los días 6, 7 y 8 de diciembre último. Lo que en principio podía parecer un trámite más acabó en una advertencia sobre las malas condiciones laborales de los que trabajan en el recinto por parte de los diferentes concejales. Todos coincidieron en que casi la totalidad de los trabajadores está en negro y que tampoco la Sociedad Anónima hace nada, así como tampoco el Jockey Club. Cristina Crohare, Maya vena, del FPV, Néstor Kirchner y del Gen dijeron que aquella sesión “fue un desmadre, se dijo de todo, dijimos de todo” y lógicamente se aprovechó para pasar facturas. Tal es así que en un tramo del debate, el concejal radical Juan Sáenz alertó que “el Estado es socio de los empresarios del juego. No sé de qué se sorprenden. Es el propio Estado el que permite la precarización”.

Omar Seoane del Frente para la Victoria, dijo que el contrato corresponde a la provincia de Buenos Aires “porque tiene la concesión directa del juego”. Desde los propios concejales, como la propia Crohare no estaban convencidos de apoyar la fiesta pero como era a beneficio de una asociación benéfica y algunos integrantes de la misma estaban presentes en la votación se aprobó el proyecto. Aun así la concejala no quedó satisfecha, y sumó las opiniones de los vecinos del hipódromo, de trabajadores del mismo y asistentes, y aprobó el proyecto pidiendo informes al Instituto de Loterías y Casinos.

Este pedido de informes refleja la realidad en la que se desarrolla la actividad del hipódromo de Azul, y es que en verdad deja mucho que desear. Se expresa así a través de visitas de los concejales, del testimonio de trabajadores de la actividad y del público en general, que manifestó que presenta déficits estructurales haciendo hincapié en lo que se refiere al mantenimiento de baños, tribunas, bar y cancha.

Respecto a otros aspectos se recogieron opiniones del estado en el que está el sector de boxes donde se amontona paja con excremento de los caballos. Los concejales dicen que el arreglo de estas situaciones es fundamental para establecer un ámbito laboral correcto de los que están trabajando en las instalaciones así como mejorar el atractivo turístico de la zona.

Se pide saber también cual es la cantidad de dinero que a través de subvenciones establecidas por la ley 13.256 se le transfiere al operador del hipódromo y no sólo eso, sino saber qué persona o sociedad recibe ese dinero y qué tipo de acuerdos se han firmando. Hay un problema y es que se transfiere mucho dinero desde la provincia, 300 mil pesos, y ahora es el doble de esa cantidad, y no se usa como se debería según la propia ley.

Según la ley que regula los subsidios el 60 por ciento de la cantidad debe ir a los premios y el 40 restante a infraestructura, tecnología y desarrollo comercial, pero ese 60 por ciento no llega a premios y el resto a obras. Con recorrer el lugar se ve que falta lo más básico en arreglos y en mantenimiento.

Cuando se reciban los informes se verá la luz en algunas cuestiones respecto al hipódromo de Azul, por ejemplo quienes están detrás de su gestión o cual es la relación con el Jockey Club del que hay dudas desde si hay reuniones, elecciones de socios, se controla de alguna manera etc etc. Se duda de su propia existencia o de si es una nebulosa que sirve de tapadera para desviar dinero que el estado provincial le traspasa a la sociedad privada.

La duda es si el instituto de Loterías responderá del pedido de informes o le darán la razón al concejal radical Juan Sáenz que dijo que “el Estado es socio de los empresarios del juego. No sé de qué se sorprenden. Es el propio Estado el que permite la precarización”.

En el momento que se supo que se iba a pedir informes los trabajadores del hipódromo se pusieron en contacto con los concejales para saber si ésto les va a afectar laboralmente. Los ediles les comunicaron que esto viene a darles más tranquilidad y mejor desarrollo de su trabajo, ya que se busca que se mejore la infraestructura, se mejore la calidad del trabajo con empleos en blanco y sueldos dignos. Se rumoreaba que si a la empresa le generaban algún problema desde las instituciones se iría a otra parte.

La situación en realidad no es reciente, los que están relacionados con la actividad del turf saben perfectamente de estas maniobras. Lo mismo pasó en Tandil solo que allí se supo y le retiraron la concesión municipal a Vistas Serranas S.A después de que la justicia procesara a Daniel Blanco, el presidente de la empresa y el responsable hasta que caducara la concesión que dió el municipio, y que acabó imputado de “Fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumento público reiterado en concurso real”.

Blanco que ya había sido condenado por delito de apuestas ilegales no cumplió las condiciones del contrato de concesión a la hora de obras puntuales en la infraestructura del hipódromo y tampoco en la asistencia sanitaria y en materia de seguridad, además de lo más importante que era el dinero concedido vía subsidios para los premios de diferentes carreras. Cuando se iba a desvincular del hipódromo de Tandil la empresa ganó una licitación para construir un hipódromo en Dolores, con una concesión de 12 años y con ayuda del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

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