Intervenidos trece casinos ilegales en Puerto Rico

El operativo iniciado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico tuvo lugar en 13 establecimientos ilegales que operaban como casinos en varias localidades del país, incautando 431 máquinas electrónicas manipuladas para llevar a cabo esta actividad. Entre los negocios intervenidos figuran Domenech Café, en Hato Rey; El 21, en Dorado; Trébol Cyber City, en Arecibo; Cyber Café, en Trujillo Alto y 777, en Cayey.
También se realizaron allanamientos en los negocios Elsie’s Music Center y Pirates of Sea, en Bayamón; Las Vegas Café y Local #16, en Ponce; Cuatro Calles y Game Room, en Yauco, así como Cofresí Cyber City y Trebol Cyber City, en San Germán.

Cesar Miranda, en calidad de secretario de Justicia informó que las acciones se llevaron a cabo con agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y personal de la Compañía de Turismo, también detalló que las máquinas modificadas para operar juegos ilegales van a ser intervenidas. “En estos establecimientos se pagan premios como si fueran casinos, pero no son casinos legales. Estos lugares operan al margen de la ley, sin garantías para aquellos que juegan”, dijo el funcionario . Hay que diferenciar entre estos comercios y los casinos legales que regula la Compañía de Turismo para asegurar de que se sigan las normativas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y no sean víctimas del fraude.

El operativo de Hato Rey, cortó un tramo de la avenida Domenech a media tarde de ayer, cuando agentes con chalecos anti balas entraron a un comercio en las inmediaciones del Hospital del Maestro, incautando algunas de las máquinas. En varios pueblos de los mencionados arriba se repitió esta operación.

Según el titular del departamento de Justicia, las máquinas legales devuelven al jugador un promedio de 83 centavos por dólar y a veces hasta 92 centavos, pero en los lugares ilegales se modifican “de manera que a gusto de aquel que las opera, se decide qué pagan y qué no”. El aumento de estos lugares de juego ilegal ha provocado ya el cierre de seis casinos legales y 300 empleos perdidos, también seis millones de dólares perdidos en tributos que de haber entrado en las arcas del estado acabarían en la Universidad de Puerto Rico.

En 2012 cerraron los casinos de los hoteles El Conquistador, en Fajardo; Gran Meliá, en Río Grande y Pichi’s, en Guayanilla. Mientras, este año cerró el casino del hotel Embassy, en Dorado.
La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera, por su parte, indicó en rueda de prensa conjunta con Miranda que las máquinas de tragamonedas representan más de un 65% del presupuesto de su entidad, una partida lo suficientemente importante como para no intervenir.

El total de ingresos netos de casinos y gobierno de los propios casinos es de 278 millones de dólares, de los que la mitad de ellos se reparten entre la Compañía de Turismo, el Fondo General y la Universidad de Puerto Rico, declaró el ejecutivo que “Esta práctica (de mantener máquinas ilegales) afecta a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico porque vemos que casi la mitad de la mitad de los ingresos va a la UPR”, sostuvo, ya que los ingresos que que recibió la UPR por concepto de juegos de azar ha ido mermando según se han expandido los negocios que tienen máquinas ilegales en detrimento de los casinos legales.

Las pesquisas comenzaron en abril del año pasado y se llevó a cabo con 25 agentes encubiertos del NIE. Estos fueron al menos en cuatro ocasiones a cada uno de los negocios intervenidos para verificar la ilegalidad de las máquinas, explicó el subdirector del NIE Rufo González.

En la intervención participaron personal de la Policía de Puerto Rico, el Instituto de de Ciencias Forenses, el Departamento de Hacienda, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos.

Se calcula que al menos hay 45.000 máquinas modificadas ilegalmente para juegos de azar en Puerto Rico. Si se eliminaran el incremento en los ingresos a través de impuestos sería del 58%, lo que equivale a 180 millones de dólares.

De 2010 a 2011 fueron retiradas 581 máquinas que pagaban premios de forma ilegal, y la repercusión de esta acción fue de un aumento de los impuestos de tragamonedas legales de caso seis millones de dólares. “Ya es hora de poner la casa en orden y sacar de circulación a quienes violan la Ley. La proliferación de máquinas ilegales ha afectado nuestros negocios y en ocasiones nos hemos visto obligados a despedir empleados. Es injusto que negocios lícitos se vean afectados por operaciones similares al margen de la Ley”, expresó Vega.

Finalizó diciendo que “esperamos que este sea el comienzo de varios operativos que finalmente acabarán con una seudo-industria tan dañina para el desarrollo económico de Puerto Rico”.

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