La OID va a recurrir la multa del Ministerio de Hacienda y además interpondrá una demanda

La OID, Organización Impulsora de Discapacitados de España va a recurrir la sanción de 25 millones de euros interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por actividades ilícitas de juego. El jefe del departamento jurídico de esta organización, Javier Gallego, declaró que además van a interponer una querella criminal por un presunto delito de prevaricación del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.

Desde el ministerio de Hacienda se hizo pública la abultada sanción a la OID, donde se informaba que esta organización de ámbito estatal “imprime, distribuye y comercializa productos de lotería con carácter ilegal en España, de forma ambulante y mediante un portal de Internet”. Además se señala que la OID tiene, desde hace tiempo discrepancias con la ONCE (Organización Nacional de Ciegos), ya que pone a la venta un cupón de características muy similares al de la citada organización a través de vendedores ambulantes con discapacidad.

La OID fue creada en Santander, aunque está representada en Talavera de la Reina en Toledo desde el año 1995. Hasta el año 2003 no inauguraron sus instalaciones y trasladaron las oficinas centrales. Actualmente cuenta con 140 locales abiertos, 20.000 afiliados y sostiene 4.000 puestos de trabajo en nuestro país.

Javier Gallego dice que esta multa se ha dictado a sabiendas de que los cargos imputados son falso, de ahí la demanda que piensan interponer contra el secretario de estado. El portavoz de la OID señaló que la noticia fue acogida con sorpresa por la organización ya que en su opinión en realidad es una cortina de humo creada para tapar la investigación que abrió el Juzgado nº9 de Madrid tras una denuncia interpuesta hace más de un año por la OID contra Loterías y Apuestas del Estado en relación a un posible blanqueo de capitales.

Según Gallego, existe constancia de que en todo el país se recargan billetes de lotería con dos o tres euros en “b”, así como que los que los comercializan son menores, parados y pensionistas además de los discapacitados. Desde la OID no entienden a qué ha venido esta multa ya que hace tiempo que la agencia tributaria sancionó a esta organización y se procedió a la incautación de seis millones de euros en boletos en las islas de Tenerife y Palma de Mallorca y tras once años, la Audiencia Nacional dio orden al Servicio de Vigilancia Aduanera de que fueran devueltos a la OID.

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