Los empresarios se movilizan en Argentina

El Foro de la Convergencia Empresarial se desarrolló al mismo tiempo que desde el despacho del juez federal Claudio Bonadio se iniciaba un procedimiento en la sede de la AFIP con el objetivo de reunir las declaraciones juradas de la presidenta de Argentina Cristina Kirchner, de su fallecido esposo Néstor Kirchner y las de sus hijos, Máximo y Florencia (siempre dentro el marco de la investigación judicial a la empresa de la familia, Hotesur.

El congreso se desarrollaba el jueves 27 a poca distancia de los tribunales federales de Retiro, en la sede de la Universidad Católica Argentina, donde los candidatos a presidente, (tan sólo faltaba Daniel Scioli). Fue inaugurado por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo. Para muchos argentinos esto es un fiel reflejo de lo que va a ser la actividad del gobierno de Argentina durante los últimos meses de su mandato que finaliza el año que viene.

El Foro Empresarial reúne a las principales organizaciones sectoriales, asociaciones y entidades del estamento. Desde hace más de un año están tratando de elaborar un programa de encuentro que no se base en la defensa de los intereses corporativos únicamente (cosa que cada uno debe realizar en su actividad particular, sino en buscar unas reglas generales del juego, tanto políticas como de estado que ayuden a la inversión, crecimiento, competitividad y a la creación de empleo de calidad.

Los empresarios quieren que los principales candidatos acaten estas reglas de juego y la verdad es que están convencidos de que esto va a ocurrir, más allá de las formalidades. Si bien Scioli no estuvo presente esta vez al estar en la reunión de IDEA en Mar del Plata, el director de Swiss Medical, Miguel Blanco que era el coordinador del foro aseguró que “estamos seguros de que va a haber un cambio en el próximo gobierno, incluso si triunfa el oficialismo”.

Si bien, estamos seguros que la mayoría de empresarios asistentes a la reunión de la UCA prefieren que no gane el oficialismo en los comicios de octubre, todos confían en el talante dialogante de Scioli y creen que para convertirse en la cabeza de la oferta electoral de una fuerza política que desconfía de él, el gobernador tiene que mostrarse esquivo por el momento.

Si es candidato y gana, la situación va a tomar un carácter diferente, ya que además “en el Congreso no va a haber grandes mayorías, y eso va a aumentar el debate”. Y va a ser necesario llegar por necesidad a acuerdos y compromisos en el marco de las instituciones.

Los empresarios básicamente están pidiendo seguridad jurídica “La Constitución Nacional reserva un ámbito propio para lo privado. Lo peor que puede pasar es que la discrecionalidad del poder se introduzca en ese ámbito”, aseguraba Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que es la organización que reúne a las firmas y dirigentes de más peso en la economía. Es un límite al intervencionismo del estado, que el modelo Kirchner ha usado de forma intensa, caprichosa, y completamente ineficaz si atendemos a criterios de productividad y aliento a la inversión.

El directivo de Dupont, Juan Vaquer, representante de la cámara de comercio de Estados Unidos en Argentina, lo expresó de esta manera “En un país con instituciones republicanas sólidas las empresas exitosas son aquellas que se caracterizan por el trabajo y la innovación. Son exitosos los que hacen las cosas bien. En cambio, en un país sin instituciones sólidas, con funcionarios discrecionales, los exitosos son los que están cerca del poder, los aventureros”.

En la próxima semana, la actividad empresarial destinada a limitar el intervencionismo y la ocupación de esferas va a plasmarse en la presentación conjunta en la Justicia de las entidades que forma el G6 (Bolsa de Comercio, Unión Industrial Argentina, Cámara de la Construcción, Sociedad Rural, Asociación de Bancos Privados nacionales y Cámara de Comercio) para pedir que se considere inconstitucional la ley de Abastecimientos que hizo aprobar el gobierno.

Los empresarios están en marcha. Sus dirigente no son ajenos a que la Casa Rosada tiene instrumentos que le dan mucha capacidad de hacer frente a cualquier medida y están convencidos de que es el momento de participar en el debate nacional que es la antesala de lo que comienza a vislumbrarse para el futuro, mucho más abierto. Este activismo empresarial no debe ser tomado como una oposición o agresividad, sino una invitación a que el gobierno de la nación se una a esta agenda y retome la hoja de ruta de la normalización que en un momento de su mandato hizo suya y dejó luego de lado en la guerra contra los fondos buitres.

El gobierno de Kirchner observa con preocupación estos movimientos empresariales, y también ha dado muestras evidentes de una extrema susceptibilidad frente a la investigación que lleva a cabo el juez federal Claudio Bonario en relación con los hoteles propiedad de la familia que fueron administrados por el contratista Lázaro Baez. La presidenta tomó cartas contra el magistrado, firmando una ofensiva contra el jefe de gabinete, varios ministros y otros miembros afines.

Kirchner y sus apoyos están en guerra con la justicia, y el hecho de que fiscales y jueces investigue al gobierno no debería sorprende a nadie, pero en Argentina no se tiene consciencia de que esto sea un proceso regular como en el resto del mundo, aquí es algo inaudito.

Por ejemplo, en Brasil, el gobierno de Dilma Roussef está siendo investigado por una causa que asocia negocios extraños de la empresa Petrobras (recordemos que es semi pública con mayoría de accionariado estatal) con el manejo de alianzas políticas gubernamentales. Por otra causa, la del llamado mensalao, una cuota ilegal para asegurar al gobierno mayorías parlamentarias, por la que han sido condenadas algunas figuras de relevancia política como José Dirceu, ex ministro de la Casa Civil durante la presidencia de Lula, y hombre fuerte el aparato del PT, al que le condenaron con más de diez años de prisión. En Turquía por ejemplo hace un año, el premier de entonces y actual primer ministros, Recep Tayyip Erdogan se vio obligado a sustituir a diez ministros de su gobierno por un escándalo de corrupción, y se vio repudiado en las calles de Estambul, Ankara y Esmirna con grandes manifestaciones populares. Erdogan hizo lo mismo que el gobierno argentino, denunció que la acción de la justicia era un complot anti gubernamental.

Sin embargo ni Roussef ni las autoridades de España que también están siendo investigadas por denuncias y requerimientos judiciales respondieron como los gobiernos de Turquía y Argentina. La brasileira y Mariano Rajoy, actual presidente del estado español, se ofrecieron a ayudar a la justicia. Roussef desarrolló su primer mandato apartando a los funcionaros que fueron señalados por al justicia por sospechas de corrupción. La ira de los funcionarios es una mala señal, muestra lo contrario de lo que busca, en vez de fuerza es una señal de debilidad. La irritación probablemente responde no solo a la índole del tema que se investiga en los tribunales, sino que lo sea por el hecho mismo de que suceda la investigación, ya que es una señal de que el tiempo del poder está cerca de su fin y que se abre un periodo desangelado de las rendiciones de cuentas. El gobierno hace peripecias para evitar la investigación que pone directamente bajo la lupa al apellido Kirchner, no a piezas del dispositivo gubernamental, siempre secundarias aunque lleguen a la videpresidencia. Del “vamos por todo” al “vienen por todo” se diferencia no solo por el sujeto sino por la entonación de la afirmación

Además la situación está teniendo lugar en el momento en que flojea el viento a favor de la bonanza económica, la sociedad, casi siete de cada 10 argentinos pide un cambio político, y en una época histórica, presidida por la globalización, en la que los hechos locales se estudian a nivel mundial y la opacidad de otros tiempos, que permitía la ilusión de recodos ocultos o inmunidades inexpugnables ahora cae frente a la transparencia y el poder de las redes que escrutinan punto por punto toda la verdad.

Las herramientas actuales incluyen procedimientos judiciales de “discovery” como el que se puso en marcha en los tribunales de Nevada, con antecedentes de políticos y funcionarios de diversos lugares del mundo que pasaron por sobresaltos en su patrimonio y libertad de movimientos. El poder desgasta como decía Giulio Andreoti, sobre todo a quien no lo tiene.

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