Presiones a la Dirección General de Juegos para que no aprobara la nueva ley

Desde la Dirección General de Juegos y Sorteos de México, su titular María Marcela González Salas denuncia que durante la tramitación de la nueva ley que regula los casinos, algunos empresarios del sector le ofrecieron dinero y apoyos a los servicios sociales mexicanos para que no se llevar a cabo su aprobación.

La titular declaraba que “Siempre me decían que había una manera de arreglarse. Primero me ofrecieron dinero, ofertas de apoyo al DIF, me propinaron amenazas a mí y al personal, decían que sabían dónde vivía”, denunció González Salas en una entrevista para el diario El Universal.
Refirió de continuas extorsiones para frenar la ley aprobada en la Cámara de Diputados y que supone regular el juego para terminar con “los zares de los Casinos” y ese régimen de impunidad del que se venían beneficiando desde hace décadas.

Estaba claro que iba a levantarse un revuelo con determinado tipo de empresarios que no veían con buenos ojos el freno que el estado quiere poner al juego ilegal en el país. “Teníamos un instrumento sólido: aplicar la ley sin distinciones y quien no entendiera que queríamos regular el juego, tenía que entender. Muchas veces por la vía del diálogo les dije cómo iba todo, luego llegaban con lo mismo otra vez, entonces yo les decía: bueno, ¿qué parte de lo que hemos platicado no me expliqué bien o usted no me entendió?. Siempre me decían: bueno, pero siempre hay una manera de arreglarse. ¿Ah sí? ¿Cómo cuál? les dije. Hubo primero (ofrecimiento de) dinero, luego oferta de apoyo al DIF, luego amenazas, luego amenazas al personal, luego amenazas de ya saben dónde vivo, etcétera”, dijo la funcionaria.

Hay que dejar las cosas claras al juego, por ejemplo para evitar entre otras cosas con las cerca de 150.000 peleas de gallos que se realizan en México al año, además de terminar con los continuos engaños que sufren quienes participan en estas apuestas. También para proteger a los jugadores. “Hay que poner reglas claras para que la gente que va a ir a jugar sepa que no le van a hacer trampa y que le van a respetar como jugador y como persona humana”, dijo.

En este sentido, la nueva norma recoge en su articulado que obligará a casinos y clientes a registrar aquellas apuestas que superen los 30.000 pesos (2.126 dólares) ante Hacienda, una medida que permitirá también poner freno a la ludopatía, que afecta entre el 3,6 y 4,2 por ciento de los jugadores, de los cuales un 70 por ciento son mujeres, lo que lo convierte en un autentico problema social.

México cuenta con 286 casinos legales y 393 a la espera de que les sea concedida, además de muchos mini casinos que van a tener que entrar en la regulación para poder seguir operando en el país. La ley está blindada contra los amparos,”está blindadísima, porque la ley de amparo nos ayuda muchísimo. No pueden hacer nada, pueden ampararse pero se van a tardar un ratísimo. Nos ayudó la modificación a la Ley de Amparo en donde equiparan a los casinos con casas de citas y de lenocinio”, dijo finalmente.

La nueva ley pasó la aprobación en el congreso ayer pero rápidamente el presidente del senado se ha manifestado en contra de que se vaya a aprobar antes de que termine el actual ciclo legislativo que finaliza el 15 de diciembre.

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