Se acentúa la sospecha por las concesiones de licencias previas a la aprobación de la ley del juego

La sospechosa concesión de licencias a casinos justo antes de la aprobación de la Ley del Juego en México sigue generando polémica. La concesión por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de la Gobernación Segob en México, previa a la aprobación por parte de los Diputados de la conocida como Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, ha puesto encima de la mesa la responsabilidad y honestidad que se pide a los funcionarios del gobierno a la hora de tomar decisiones. La sospecha recae sobre Marcela González Salas, quien es la directora general adjunta de Juegos y Sorteos.

El argumento de la directora fue que en realidad las empresas que habían solicitado la licencia lo habían hecho conforme a derecho, y que precisamente lo que la nueva ley viene a recoger es que todas las operadoras actuales del mercado accedan voluntariamente al proceso regulador y a la ley que se va a aprobar. Las sospechas vienen porque la empresa que las solicitó está compuesta por los socios que componían la anterior concesionaria a la que se le fueron retirados los permisos de operación de los 40 casinos por inclumplimiento de la ley de licencias en el estado de Santa Cruz.

El periodista Vladimir Galeana Solórzano en su columna de elpuntocritico.com reflexiona sobre esta sospechosa actuación.”No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Así se expresa la sabiduría popular cuando intenta incidir en la condición humana. Pero es en el ámbito de lo público donde este tipo de comportamientos propician problemas para los protagonistas de la toma de decisiones, y en algunas ocasiones, las cosas van más allá porque la percepción pública se coloca por encima de las realidades. La agudeza describe conductas lacerantes que reflejan lo que somos y lo que pretendemos ser. Normalmente, cuando un funcionario público se somete a los dictados la corrupción, acude sin rubor a lo que piensa debe ser la cúspide de la decencia pretendiendo engañar a ese vulgo que todo lo intuye y da por hecho porque la tradición no se equivoca, y comienza el proceso de separación entre lo que se es, y los demás piensan que debe ser. Para decirlo de otra forma, es la dicotomía entre el ser y el deber ser”.

Añade que “he leído los argumentos vertidos desde la Dirección General de Juegos y Sorteos en torno al otorgamiento de siete licencias para nuevos centros de apuesta que entran en el círculo de lo grotesco y delincuencial. Grotesco porque desde hace muchos años los mexicanos hemos discutido la pertinencia de adecuar las leyes que rigen los diversos sistemas de apuestas que existen en el país. La actual ley fue construida en 1946, y desde entonces este importante filón de créditos fiscales se ha convertido en negocio de unos cuantos. La razón es simple, los avances tecnológicos van a una impresionante velocidad y normalmente cambian cada tres meses, frente a una ley obsoleta que observaba las apuestas de ruleta y cartas cuando ahora estos mismos aparatos son orientados en su operatividad mediante implementos tecnológicos”.

Quizá es bueno recordar que este tipo de conducta “fue el principal motivo para que el crimen organizado entrara en el sector. Todo fue ganar, ganar, durante décadas y lo que podía ser un buen elemento para recaudar créditos fiscales, se convirtió en la nada por no contar con una regulación adecuada. De ahí la sospecha que se cierne sobre Marcela González Salas, actual directora general adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Ceder y conceder siete permisos para la operación de centros de apuestas debió haberle redituado una enorme cantidad de millones de dólares. Declarar que le ofrecieron dinero y la amenazaron por no conceder permisos resulta un banal posicionamiento mediático toda vez que no ha logrado explicar el porqué de haber concedido esos permisos a una empresa acabada de conformar. ¿Corrupción?”

Respecto a la directora del organismo dice que “desconozco los motivos de la señora González Salas, pero todo parece indicar que efectivamente hay un proceso de corrupción en el otorgamiento de esas siete licencias porque ya había recibido un exhorto de la Comisión formada para ello en el Congreso, en el sentido de esperar a las votaciones de la ley para entrar en una nueva fase de legalidad en el sector. Poco le importó, porque las concesiones ahí están y hasta ahora pareciera que son irreversibles. Cuando hablo de millones de dólares es porque cada permiso de estos vale en el mercado al menos cinco millones de dólares. Podrá dar muchas explicaciones, pero los hechos ahí están. La forma de operar para conceder tales licencias es la misma forma en que operaron aquellos a los que tanto criticaron los priistas. Al tiempo”.

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