Ya hay imputados por el caso del hipódromo de Tandil

La justicia se ha tomado su tiempo y tras varios años de instrucción de esta causa, se ha llegado finalmente a sus primeras conclusiones. Hablamos del proceso que investiga presuntas irregularidades de la concesión del Hipódromo de Villa Aguirre en la ciudad Bonaerense de Tandil. Según el fiscal Marcos Egusquiza, se han recogido ya elementos suficientes para declarar responsabilidades penales, y se ha resuelto procesar al empresario que estuvo a cargo de la citada concesión además de a tres funcionarios municipales.

Los imputados son Daniel Blanco, titular de Vistas Serranas y el responsable del hipódromo hasta que caducó la concesión que le otorgó el municipio, que se le acusa de “Fraude en prejuicio de la administración pública y falsificación de instrumento público reiterado en concurso real”. Le siguen
Oscar Maggiori y Pedro Espondaburu (titulares de Desarrollo Local, respectivamente) a los que se acusa de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por último también se imputa al director de Vialidad municipal, Guillermo Alasia, por el delito de Peculado.

Según recoge el expediente, al empresario ya condenado por una contravención de parte del Juzgado Correccional por apuestas ilegales, no cumplió con el contrato de la concesión a la hora de llevar a cabo obras puntuales que hacía a la infraestructura del hipódromo, y tampoco en el cumplimiento de otros requisitos tales como la asistencia sanitaria en el lugar y la seguridad. También en lo más importante en cuanto al manejo del dinero que se le daba vía subsidio para los premios a las diferentes carreras.

En cuanto a los funcionarios, los secretarios de la Secretaría de Desarrollo local, los dos siguientes durante el tiempo que duró la concesión, son imputados como máximos responsables de controlar las obras que nunca se llevaron a cabo. Alasia aludió la utilización del camión aguatero municipal para la pista que manejaba un particular.

Según el auto, los acusados fueron notificados por la justicia y deberán prestar declaración en los próximos días en la audiencia 308 bajo las imputaciones que recogimos arriba. Así, una vez prestada su declaración, el fiscal debe analizar todas las pruebas recogidas y elevar la instrucción a juicio.

La denuncia fue llevada a cabo por el cuidador Jorge Cuenca en el año 2011, quien recurrió varias veces a los medios, a la diligencia política y al final a la justicia para esclarecer lo que él pensaba que eran irregularidades varias en la concesión. A él se sumaron concejales de la oposición que le acompañaron desde la parte política vía interpelación a Maggiori, las denuncias, que nunca tuvieron demasiadas respuestas del estamento oficial, cabe señalar que cuentan con varias causas penales por otros asuntos, con procesados e incluso condenados por acciones que se detallaron en su momento sobre áreas de la administración pública comunal.

Los antecedentes de hecho como ya se ha señalado en otras ediciones, han sido fundamentalmente por el aporte del perito oficial que intervino en la causa, quien llego a severas observaciones en las conclusiones que hacen referencia al manejo de los recursos que manejaba la concesión

Es el contador Roberto Eduardo Terrile, que es integrante del Cuerpo de Instructores de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul, el que envió el informe del peritaje solicitado por el fiscal Marcos Egusquiza para la causa de la concesionaria del hipódromo de Tandil.

Una de las cuestiones salientes del peritajes es que en la causa no existe documentación que acredite el destino del dinero recibido en forma de subsidios, según la ley del Turf deben dirigirse en un 60 por ciento a premios y el 40 por ciento a infraestructura, desarrollo comercial y tecnología.

El perito insistió en que en ciertos momentos no coinciden las cantidades pagadas por Loterías y Casinos con las cuentas que presentó Vistas Serranas SA “Estas diferencias se observan principalmente en aquellos períodos en los cuales existen ajustes posteriores en los montos de los subsidios”, indicó y agregó que los importes estimados parecerían guardar la relación exigida por el organismo provincial.

Además el técnico citó varias notas de la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf, en las que el ente descartó que haya habido irregularidades en las cuentas entregadas por el concesionario antes de 2010, fecha en la que se hizo la denuncia. Después, con una carta del 22 de abril de este año, la comisión informó al titular de Vistas Serranas de que no había hecho la presentación de la nota que informaba del importe destinado a los premios, y a infraestructura, tecnología y desarrollo comercial, además de requerirle la facturación que lo recogiera.

También se notificó al hipódromo local sobre fallos en la presentación de la inversión del dinero otorgado por el gobierno provincial en el que “no existe declaración jurada alguna sobre las liquidaciones efectuadas a premios ni de las aplicaciones de los remanentes del subsidio no aplicados, que debieran constituir planillas con carácter de declaración jurada, con los detalles descriptos anteriormente y según la normativa vigente”.

Más datos, la prueba enviada al fiscal Egusquiza apunta a que los programas de carreras cuentan con los premios pero no acreditan el importe que se pagó realmente ni los eventos que se celebraron.

En cuanto a las infraestructura, del escrutinio de la totalidad de la documentación que tiene el fiscal, Terrile destaca que si bien el contrato de la concesionaria “la toma de tenencia del predio se realizará mediante inventario que efectuará la división de Patrimonio de la Municipalidad de Tandil”, el Ejecutivo aún no ha aportado la documentación que corresponde según la cláusula citada.

En segundo lugar, pone en tela de juicio la respuesta de Gabriel Bayerque, el director general de Inspección y Habilitaciones de la comuna, que envió al fiscal al serle requeridos informes sobre las obras por tres millones de pesos que debían haber sido ejecutados“No efectuamos nosotros las obras ni llevamos de ellas registros contables, no operan así las concesiones en el Municipio. Pero sí tenemos cantidad de informes y evaluaciones técnicas”, había contestado el funcionario comunal.

Aquí el contable sostuvo que “la respuesta brindada por el doctor Gabriel Bayerque no guarda relación con la solicitud del suscripto”, quien había pedido a la Municipalidad de Tandil “la documentación que acredite el cumplimiento por parte de la empresa concesionaria de la obligación dineraria emergente de la mencionada cláusula contractual”.

Se alude también a las apuestas y canon, ya que en otro párrafo Terrile repara en las apuestas remates y consigna que tienen que contar con un registro, ya que tributan del mismo modo que el resto de apuestas de acuerdo a la Resolución 92/2008 de Loterías.

En este sentido declaró que el contrato que rige la concesión de la municipalidad y Vistas Serranas, establece como canon locativo el tres por ciento de todas las apuestas de las carreras celebradas en el mes, o 7.000 pesos “lo que resulte mayor”, aunque nunca se aclara el alcance real del importe de las apuestas celebradas.

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